La Cooperación Internacional (CI) es una herramienta de política exterior que propende a la colaboración entre diversos actores del Sistema Internacional (gobiernos, organismos multilaterales, agencias, organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc.) para apoyar procesos de desarrollo económico, social, ambiental; a través de la transferencia de recursos, experiencias, conocimientos y/o tecnologías. Desde sus inicios a partir de la post II Guerra Mundial, la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la CI tiene como principio fundamental la lucha contra la pobreza, discriminación y desigualdad, y la conjunción de esfuerzos para la terminación de conflictos. La CI se basa en algunos principios y compromisos, para mejorar la calidad y eficiencia de la ayuda, refrendados en el Consenso de Monterrey (2002)[1], la Declaración de Roma (2003), la Declaración de Paris (2005), el Programa Accra (2008), los Foros de eficacia en la ayuda, el compromiso de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000), los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (2016) y la vigencia de la Nueva Agenda Urbana 2030 (2017).
En este camino, la CI ha definido nuevos retos y principios rectores como son: la apropiación, armonización, complementariedad, eficiencia, gestión orientada a resultados, sostenibilidad, alineación, rendición mutua de cuentas, entre otros. No obstante, persisten dinámicas complejas como no respetar las prioridades nacionales, la imposición de agendas y temáticas, y el encauzamiento hacia los intereses de la entidad financiadora. De ahí que hayan surgido distintos tipos de cooperación que propenden por mayor horizontalidad, transparencia y búsqueda de beneficio mutuo.
Además, el fuerte cuestionamiento en torno a la “Eficacia de la Ayuda al Desarrollo[2]”, , los marcos regulatorios de la CI para el desarrollo plantean nuevas exigencias. De esta forma, se inicia desde la práctica de la cooperación un ejercicio más profundo de acercamiento y retroalimentación con los lineamientos de política de desarrollo de los países receptores, y mayor coordinación y coherencia entre los organismos financiadores.
Es notable el incremento de la exigencia técnica y política en la gestión de la CI para los gestores y receptores de la misma, entre ellos, la reflexión interna de los lineamientos para este sector y su relación con el enfoque de desarrollo que se plantea en el país receptor, generalmente en conceptos del “Buen Vivir o Creación del Desarrollo Sostenible”. Como consecuencia de este proceso analítico, varios países presentaron la necesidad de construir un nuevo sistema de gobernanza de la cooperación internacional, que retome el cuestionamiento de modelos socioeconómicos y que reconozca la contribución de los países en vías de desarrollo al desarrollo global. Este sistema de gobernanza incluye las siguientes dimensiones: eficacia, eficiencia, legitimidad y justicia, adaptabilidad, transparencia y rendición de cuentas y coherencia de políticas para el desarrollo.
En este marco, los objetivos principales de la cooperación en países receptores debe contribuir a: i) posicionar a la cooperación como instrumento eficaz y complementario al desarrollo nacional y territorial, ii) consolidar la institucionalidad de la cooperación hacia una gestión soberana, eficaz y transparente, iii) coordinar la demanda de cooperación y posicionar la oferta nacional, impulsando plataformas y acciones de cooperación Sur–Sur que proyecten las capacidades técnicas e institucionales del país receptor y fortalezcan el proceso de integración regional; y, iv) contribuir a los objetivos de política exterior, complementando la política comercial y la estrategia de inserción soberana en el sistema global.
Para hacer operativos estos objetivos, se plantean un conjunto de acciones específicas, entre las que destacan: impulsar la construcción de la nueva arquitectura del sistema de gobernanza de la cooperación internacional, la implementación de la gobernanza territorial de la cooperación, la priorización de la cooperación Sur–Sur, la promoción de una cooperación libre de condicionalidades, garantizar la soberanía y transparencia de la gestión, la priorización en las intervenciones de los actores históricamente excluidos y marginados, garantizar la apropiación y alineación, entre otras.
El contexto global de crisis sanitaria y económica global, evidencia la fragilidad global, que obliga grandes transformaciones, provoca la aparición de nuevos actores en el escenario mundial, los efectos ambientales del crecimiento económico, la revolución tecnológica, las corrientes comerciales y financieras cada vez más globalizadas, el aumento de los flujos migratorios y el alto grado de desigualdad en algunos países hacen que las estrategias de política y los paradigmas económicos tradicionales sean inadecuados e incapaces de reacción a la dimensión de las necesidades. Los conceptos de desarrollo y cooperación para el desarrollo no son inmunes a estos cambios. Por lo tanto, es cada vez mayor la necesidad de reconceptualizar una cooperación en que “nadie se quede atrás”.
Esta es la realidad sobre todo de los países donde los ingresos aumentan, pero no necesariamente mejora la calidad de vida. Ese “desarrollo en transición”, por lo tanto, requiere un enfoque multidimensional respecto de la cooperación internacional, que adopte políticas eficaces para hacer frente a los retos estructurales nuevos y persistentes. Así es necesario definir herramientas basadas en pilares: i) la CI debe medir el desarrollo más allá del PIB per cápita. ii) las estrategias de cooperación y la orientación del desarrollo deben vincularse a estrategias nacionales y reflejar un enfoque multidimensional, iii) el enfoque de la agenda multilateral debe basarse en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para promover más y mejores bienes públicos globales, iv) el enfoque de la gobernanza y el financiamiento de la cooperación debe trascender la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y abarcar múltiples niveles, tomando en cuenta la cooperación Sur-Sur y triangular, así como una cooperación horizontal que comprenda distintos niveles de gobierno, y v) la cooperación internacional debe ir más allá de los instrumentos tradicionales e incluir modalidades como instrumentos innovadores de intercambio de conocimientos, creación de capacidad y transferencia de tecnología. El contexto mundial y los retos que enfrenta en particular América Latina y el Caribe exigen nuevas perspectivas de cooperación internacional basadas en intereses comunes, valores compartidos y fuertes complementariedades, incluida la asociación con la Unión Europea.
Así el instrumento de cooperación Sur-Sur es un marco amplio de colaboración entre los países del Sur en los ámbitos político, económico, social, cultural, medioambiental y técnico. Con la participación de dos o más países en desarrollo, se puede dar sobre una base bilateral, regional, dentro de las regiones o entre las regiones. Los países en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos para lograr sus objetivos de desarrollo a través de esfuerzos conjuntos. Esto se ha traducido en alcanzar un mayor volumen de comercio Sur-Sur, en flujos Sur-Sur de inversiones extranjeras directas, en movimientos hacia la integración regional, en transferencias de tecnología, en compartir soluciones y expertos y en otras formas de intercambio.
Por su parte la cooperación triangular es la colaboración en la que los países donantes tradicionales y las organizaciones multilaterales facilitan las iniciativas Sur-Sur a través de fondos, formación, gestión y sistemas tecnológicos y otras formas de apoyo.
Por su parte la Unión Europea ha desarrollado instrumentos complementarios como son plataformas o instrumentos de financiamiento mixto o combinado “blending” que impulsan el financiamiento de proyectos de inversión en los países beneficiarios de la cooperación externa de la UE. Estos instrumentos emplean estratégicamente un monto limitado de subvenciones para movilizar el financiamiento proveniente de instituciones financieras aptas y del sector privado, logrando así incrementar el impacto de los proyectos de inversión sobre el nivel de desarrollo. En las operaciones de blending, las subvenciones de la UE se combinan con recursos reembolsables como préstamos, capital y garantías de los bancos de desarrollo, al igual que préstamos comerciales e inversiones para apalancar su efecto sobre el desarrollo.
La programación de CI de la Unión Europea como principal donante mundial, «Europa Global», para el periodo 2021-2027, considera múltiples instrumentos de gestión dirigidos a fortalecer la relación bilateral, y con la sociedad civil, de países terceros, para promover la recuperación ecológica, digital, inclusiva y sostenible posterior a la COVID-19 y respeta los compromisos plurianuales, y en particular en materia de acción por el clima, inclusión social y desarrollo humano, migración y desplazamiento forzoso e igualdad de género.
Contexto actual
Las crisis internacionales frenan el avance hacia los ODS. Esto es algo que podíamos intuir pero que se ha constatado en los datos e indicadores del último informe global elaborado por la SDSN (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible o Sustainable Development Solutions Network) que muestran los efectos negativos de las crisis sanitaria, climáticas, de biodiversidad, geopolíticas y militares. Según el nuevo Informe sobre Desarrollo Sostenible 2022 que ha sido publicado recientemente, y que incluye un ranking del progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en 2030 en 193 países, las lecciones aprendidas con la pandemia y la guerra de Ucrania nos muestran la urgencia que existe para recuperar el terreno en el camino hacia los ODS.
La crisis provocada por la COVID-19, afectando a la población mundial y transformando la economía global y las relaciones comerciales, nos ha hecho ser mucho más conscientes de la interdependencia del mundo en que vivimos. Afrontar un problema de estas dimensiones desde una visión solo local es inviable e insuficiente. Hacemos nuestro, más que nunca, el lema de que “nadie estará seguro hasta que todo el mundo lo esté” como mensaje fundamental.
Y para hacer efectivo este mensaje, la cooperación entre países es imprescindible. Las recomendaciones para situar la cooperación internacional para el desarrollo como una de las políticas clave para afrontar la pandemia han sido múltiples y a todos los niveles. Ya desde el inicio el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señalaba que “La COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las desigualdades entre los países y dentro de cada uno de ellos. Hay una necesidad urgente de que los Estados y todos los demás agentes fortalezcan el multilateralismo y la cooperación internacional, en un espíritu de solidaridad mundial y responsabilidad compartida”. Y en España las 17 comunidades autónomas en su “Declaración conjunta de las cooperaciones descentralizadas frente a la crisis de la COVID-19. De la crisis se sale cooperando”, manifestaban que «Las comunidades autónomas y entes locales apostamos por consolidar alianzas y consensos políticos y sociales que permitan a la cooperación continuar invirtiendo y contribuyendo a garantizar un presente y un futuro sin dejar a nadie atrás».
Resulta por ello importante atender a la coherencia de políticas. La política de cooperación internacional para el desarrollo se revela imprescindible para abordar los problemas planteados por la COVID-19 y que exceden con mucho a la crisis sanitaria. Es necesario también buscar que el resto de las políticas públicas ayuden, fortalezcan e impulsen un desarrollo sostenible en un esfuerzo que sume y que no reste. Y ahí parece imprescindible buscar la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y la alianza con otros colectivos. La cooperación internacional es interdisciplinar y nuestro compromiso con el desarrollo de los pueblos debe ser también el compromiso con los derechos humanos, la lucha feminista, la defensa medioambiental y la responsabilidad con la población migrante y refugiada. Por ello, debemos reforzar nuestras alianzas con aquellos movimientos sociales con los que compartimos objetivos e intereses comunes.
La pandemia, los movimientos migratorios y los problemas de suministro alimentario que está provocando la guerra de Ucrania están evidenciando la importancia vital y cada vez mayor de reforzar y unir los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en todo el planeta. La eficacia de la cooperación al desarrollo depende, cada vez más, de las sinergias y colaboraciones que puedan generarse mediante las alianzas de los diferentes actores, sean del ámbito propio de la cooperación (ONGD, organismos multilaterales como Naciones Unidas, FAO, etc. y sociedad civil) o sean entidades y organismos públicos (gobiernos locales, gobiernos regionales o nacionales) o privados (empresas principalmente).
Y ahí debemos destacar un instrumento potente y transformador como son las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Esas alianzas, donde participan y colaboran agentes propios de la cooperación con otros que no lo son tanto, pero que aportan un valor añadido fundamental y un conocimiento que no tienen esas entidades de la cooperación, representando un win-win evidente y un sinfín de oportunidades para llevar a cabo iniciativas de mayor calado. El instrumento está ahí, es una cuestión de las ONG y las empresas el sacarle el mejor partido.
Ejemplo exitoso de cooperación internacional al desarrollo
En la Fundación COPADE trabajamos el Comercio Justo desde el año 1998. Desde entonces hemos desarrollado más de 80 proyectos de cooperación internacional al desarrollo centrándonos en empoderar, a través del Comercio Justo, a las comunidades con las que hemos trabajado en Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, México, República Democrática del Congo… Además, hemos contribuido a la sensibilización social en España hacia nuestra razón de ser: el Comercio Justo, y seguiremos trabajando para que siga aumentando y las personas ejerzan cada vez más su soberanía ciudadana.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el proyecto conjunto que Leroy Merlin España y COPADE desarrollan desde el año 2011 en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), situada en Petén (Guatemala), y que ha recibido 4 premios y reconocimientos desde sus inicios. Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) entre 2011 y 2014, COPADE impulsó entonces una serie de acciones orientadas a mejorar las capacidades técnicas y formativas de las 9 concesiones forestales comunitarias que manejan el bosque nativo y su aprovechamiento sostenible en la RBM y a abrir mercados en España con productos de alta calidad, con certificaciones de garantía ambiental (FSC) y social (Madera Justa), desarrollados especialmente para el sector de jardín de Leroy Merlin España.
A lo largo de estos años, COPADE ha enviado a Leroy Merlin más de 30 contenedores con productos elaborados con las denominadas “Especies Menos Conocidas”, que, teniendo unas características muy atractivas para el sector, no tienen aún mercados tan desarrollados como el ipé, el sapelli o la teca, por poner algunos ejemplos. Los beneficios que generan estas ventas en Guatemala permiten a las comunidades forestales de Petén abordar las tareas de protección contra incendios forestales, impedir acciones de saqueo de recursos naturales y arqueológicos, mantener programas de becas escolares para adolescentes que desean ampliar su nivel de educación y mantener equipadas las unidades mínimas de salud que se mantienen en las comunidades remotas, donde la presencia del sistema público de salud es muy escasa.
Por otro lado, la promoción de estos productos de jardín certificados FSC® y Madera Justa® ayuda a Leroy Merlin y Fundación COPADE a sensibilizar a la persona consumidora final sobre la importancia de garantizar un origen sostenible de los productos de madera tropical, donde los productores obtienen un precio justo por sus productos a la vez que contribuyen a la conservación de los recursos naturales que tienen bajo su custodia.
Artículo publicado en la revista Fórum Calidad. Redactado por Jaime Manteca, coordinador de proyectos, y Marco Venegas, director regional en América Latina.